La Tempestad

El pasado 17 de noviembre fue presentada ante al Senado de la República la iniciativa de la Ley General de Archivos. En respuesta al documento, investigadores e historiadores han redactado una carta en la plataforma Change.org en la que destacan que si bien la Ley «podría ser una oportunidad para mejorar los archivos mexicanos», la actual redacción podría provocar lo contrario.

En la carta dirigida al Senado de la República, al director del Archivo General de la Nación y a la opinión pública, los firmantes mencionan que es «indispensable que los archivos sean designados como ‘fuente de acceso público’» para no generar «espacios de opacidad o contradicción». Se pide también que los documentos que ya están en los archivos históricos sean considerados como documentos históricos:«No estamos de acuerdo con el artículo 14 transitorio que prevé que sean valorados en los siguientes dos años, lo que podría suponer su regreso a un archivo de concentración, su destrucción o su sustracción por causas políticas».

Uno de los puntos más destacados de la carta, que se puede leer completa aquí, es que de aprobarse la Ley de la forma en la que actualmente está redactada, se atentaría contra la libertad de expresión y el derecho a la información, ya que como señala Carlos Elizondo en una nota publicada en el diario Excélsior, «la Ley General de Protección de Datos Personales, cuyo dictamen ha sido aprobado en la Cámara de Senadores, considera como confidencial todo documento que contenga datos personales y los protege ‘indefinidamente’». Es por ello que tanto investigadores como historiadores señalan como necesario el que se establezcan «plazos temporales obligatorios (dependiendo del tipo de documento) para la transferencia de los documentos con valor histórico de los archivos de concentración a los archivos históricos, y por tanto a la protección de datos personales. No hacerlo generaría graves perjuicios para los investigadores, así como para el buen funcionamiento de los archivos históricos, dejando a juicio del responsable de la dependencia en turno el hacer público o no los documentos bajo su resguardo. Si bien no hay uniformidad, en las democracias estos plazos temporales son de aproximadamente 25 años».

En un grave atentado hacia la construcción de la historia y la preservación de la memoria colectiva, la Ley prevé que el Archivo general de la Nación quede bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación (artículo 98), a lo que los firmantes se oponen «categóricamente» pues «esto puede comprometer la construcción de la memoria histórica a los intereses políticos del momento».

Hasta el momento la petición ha reunido 3646 firmas. Fue publicada el viernes.